El socio silencioso

São Paulo, 28 de agosto de 2025. La Receita Federal, el Ministerio Público y la policía despliegan la “Operação Carbono Oculto”, la mayor investigación contra el crimen organizado en la historia de Brasil. El hallazgo no es un cargamento de droga: es una cadena de valor. El Primeiro Comando da Capital (PCC) controlaba importadoras de combustible, distribuidoras, transportistas y más de mil estaciones de servicio en diez estados, con fraudes estimados en R$ 23.000 millones y movimientos financieros por R$ 52.000 millones entre 2020 y 2024. La tesorería de ese imperio no estaba en una favela: operaba a través de fintechs y fondos de inversión con domicilio en la avenida Faria Lima, el corazón financiero del país. Cuando algún dueño de estación intentaba cobrar una deuda, descubría quién era realmente su socio.

Santiago de Chile, 7 de junio de 2026. Todo comenzó con un teléfono perdido tras un quíntuple homicidio en una parcela de Lampa, en julio de 2024. Ese dispositivo fue el hilo que permitió a la Fiscalía Metropolitana Sur reconstruir, durante casi dos años, la arquitectura financiera de una facción del Tren de Aragua. El resultado se llama “Operación Tokio”, y es el mayor caso de lavado de activos vinculado a esa organización en la historia del país: 17 imputados formalizados, cerca de 140 cuentas bancarias congeladas y unos US$ 80 millones provenientes de extorsión, narcotráfico y explotación sexual que circularon entre 2022 y 2025 por cinco bancos chilenos antes de salir del país a través de plataformas de criptomonedas. Entre los formalizados hay dos ejecutivos bancarios —uno de Santander, otra de Banco Estado— que pusieron sus credenciales al servicio de la organización. El crimen no derribó la puerta del sistema financiero más sofisticado de la región: la abrió desde adentro.

Ciudad de México, durante todo 2025. Aquí no hay operativo espectacular que narrar, y esa es precisamente la noticia. Según la encuesta nacional de Coparmex, prácticamente una de cada dos empresas fue víctima de al menos un delito; las pérdidas por extorsión superaron los MXN 21.000 millones solo entre enero y septiembre; y más de un tercio de las empresas afiliadas reconoce haber pagado a grupos criminales. El delito creció en 20 de los 32 estados del país. Cuando la extorsión se paga con la regularidad con que se paga la luz, ya no es una crisis: es una estructura de costos.

Tres países, tres industrias, tres organizaciones criminales distintas. Un solo modelo de negocios. La tesis de este artículo es incómoda, pero los datos no dejan alternativa: el crimen organizado dejó de ser un problema de seguridad pública para convertirse en un actor económico que compite contra las empresas legítimas —por talento, por territorio, por infraestructura financiera y por márgenes que ninguna industria formal exhibe—. Mientras tanto, la mayoría de los directorios de América Latina sigue tratándolo como una noticia policial que se comenta antes de pasar al primer punto de la tabla.

El competidor más rentable de la región

Los números merecen leerse como se lee un benchmark competitivo. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que los costos directos del crimen y la violencia alcanzaron el 3,4 % del PIB de América Latina y el Caribe en 2022: el equivalente al 78 % del presupuesto público de educación de la región, el doble del gasto en asistencia social y doce veces el presupuesto de investigación y desarrollo. Con el 8 % de la población mundial, la región concentra un tercio de los homicidios del planeta.

Pero el dato que debería desvelar a cualquier directorio está en el desglose: el 47 % de ese costo lo paga directamente el sector privado, en seguridad, mitigación y pérdidas. Las empresas ya financian casi la mitad de una guerra que nunca declararon. La expresión más gráfica de esa asimetría la aporta el propio BID: América Latina emplea unos 4 millones de guardias de seguridad privada frente a 2,4 millones de policías. Cuando las empresas despliegan más fuerza de protección que los propios Estados, lo que opera en la práctica es un impuesto silencioso a la actividad productiva —un impuesto que no pasa por el Congreso ni aparece en ninguna reforma tributaria.

El «competidor», además, es extraordinariamente rentable. En Chile, un estudio de la Fiscalía de Antofagasta proyectó para 2025 utilidades netas del crimen organizado cercanas a US$ 4.000 millones, con márgenes de entre 30 % y 40 %. Pocas industrias legítimas del país exhiben esa rentabilidad, y ninguna crece a esa velocidad: en la década 2014–2024, según el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, los homicidios aumentaron 86 %, los secuestros 74 % y las extorsiones más de 7.000 %.

Ecuador, en tanto, muestra el techo de la trayectoria. El país pasó de una tasa de 2,3 homicidios por cada 100.000 habitantes (promedio 2014–2020) a registrar niveles récord para la región; en 2025, según ACLED, el 71 % de la población estuvo expuesta a la violencia del crimen organizado, más que en cualquier otro país de América Latina. El Instituto para la Economía y la Paz estima que la violencia le cuesta a Ecuador hasta 10 % del PIB —más de US$ 19.000 millones anuales— en cadenas logísticas interrumpidas, inversiones desplazadas, actividades paralizadas y extorsión sistemática al comercio.

Lo que hoy parece impensable en Santiago, Lima o Bogotá era impensable en Guayaquil hace apenas ocho años.

El deterioro, además, ya es visible desde afuera, y eso tiene precio. El Global Organized Crime Index 2025 registra un empeoramiento progresivo de la posición de Chile, hasta hace poco el contraejemplo institucional de la región. El Latin America Country Risk Index del Adam Smith Center, aplicado en Chile por Libertad y Desarrollo, ubica al país entre los de mayor riesgo regional en delincuencia y crimen organizado, con cifras comparables a Brasil y México —una frase que habría sido impensable hace diez años—. Y el Índice de Riesgo Político América Latina 2026 del Centro de Estudios Internacionales UC identifica al crimen organizado como el principal riesgo político de la región, con efectos directos sobre estabilidad macroeconómica, inversión y gobernabilidad. La traducción financiera es conocida: cuando los inversionistas globales recalibran el riesgo país, sube el costo de capital de todas las empresas, incluidas las que jamás han visto una extorsión de cerca. En la operación diaria, el efecto ya está en los estados de resultados: según el Anuario de Seguridad de Prosegur Research, los delitos contra locales comerciales en Chile aumentaron 23 % entre 2023 y 2024, con su correlato en primas de seguros, blindaje logístico y pérdida de mercadería en puertos y aduanas.

Las cuatro puertas

Para gobernar un riesgo hay que poder nombrarlo. Propongo un marco simple para que el directorio mapee su exposición: el crimen organizado entra a las empresas por cuatro puertas, cada una con señales y defensas distintas. La evidencia regional permite ilustrar cada puerta con un caso real y verificado. Esa es, de hecho, la peor noticia del marco: ya no necesita ejemplos hipotéticos.

Primera puerta: las personas.

Empleados, ejecutivos o contratistas que ponen sus credenciales al servicio de la organización criminal, por cooptación, soborno o amenaza. Es la puerta que la “Operación Tokio” dejó en evidencia: dos ejecutivos bancarios facilitando desde adentro la apertura de cuentas y la salida de capitales hacia el exterior. El riesgo interno (insider risk) deja de ser una hipótesis de manual y se convierte en el vector principal. Afecta los procesos de selección, la verificación continua de antecedentes, el monitoreo de conductas y —tema delicado— la protección de los propios empleados frente a presiones externas.

Segunda puerta: los flujos.

Dinero, mercaderías e información ilícitos que se mezclan con los flujos legítimos de la empresa. “Carbono Oculto” es el caso de escuela: importación irregular de metanol por el puerto de Paranaguá (Paraná), combustible adulterado, mil estaciones de servicio como bocas de entrada de efectivo y fintechs operando como bancos paralelos, con R$ 46.000 millones en transacciones clandestinas según el Ministerio Público. El estándar de «conocer al cliente» ya no basta; hay que conocer al proveedor, al transportista y al cliente del cliente.

Tercera puerta: el territorio.

Zonas donde la empresa opera, pero el Estado ya no manda. México la documenta a escala nacional: la extorsión creció en dos tercios de los estados, «derecho de piso» cobrado presencialmente en los negocios, 70 % de las llamadas extorsivas originadas desde los propios reclusorios y una cifra negra de 93 %. El delito que menos se denuncia es el que más se paga. Y no es un fenómeno coyuntural: entre 2015 y 2025, las víctimas anuales de extorsión registradas aumentaron 78 %, según la propia Coparmex. Para empresas de retail, construcción, transporte, energía o telecomunicaciones, el mapa de control territorial de las mafias es hoy tan relevante como el mapa regulatorio.

Cuarta puerta: las instituciones.

La más lenta y la más letal: la corrupción de policías, aduanas, municipios, notarías y tribunales que degrada el entorno donde todas las empresas compiten. Ecuador muestra el final de ese camino: cuando las organizaciones criminales disputan al Estado el control de puertos, cárceles y territorios, el costo deja de medirse en primas de seguros y pasa a medirse en puntos de PIB. Ninguna compañía puede comprar inmunidad frente a esta puerta; solo la acción colectiva la mitiga.

La utilidad del marco está en la conversación que provoca. En nuestra experiencia con directores de grandes empresas de la región, el patrón se repite: la mayoría tiene alguna defensa en la segunda puerta (el compliance financiero), defensas incipientes en la primera, y prácticamente ninguna estrategia frente a la tercera y la cuarta.

Cuando cumplir no es prevenir

La reacción natural de un directorio frente a este diagnóstico es preguntar por el estado del compliance. Es la pregunta equivocada —o al menos insuficiente—, y los dos casos que abren este artículo lo demuestran con una simetría incómoda.

En Chile, los cinco bancos por los que circularon los fondos del Tren de Aragua estaban regulados, supervisados y contaban con modelos de prevención certificados. Más aún: los propios bancos reportaron a la Unidad de Análisis Financiero operaciones sospechosas de algunos de los imputados dos años antes de las detenciones. Las alertas existieron. Lo que no existió fue la capacidad — del sistema completo, no de una institución en particular— de convertirlas en acción a tiempo. En Brasil, una de las fintechs allanadas en la segunda fase de Carbono Oculto respondió con un comunicado impecable: programa estructurado de compliance, políticas formales de integridad, herramientas tecnológicas de monitoreo de transacciones. El papel estaba en regla. El dinero circuló igual.

En los directorios observamos cuatro etapas de madurez frente a este fenómeno, que funcionan como un espejo incómodo:

• Negación: «esto es un problema de seguridad pública, no nuestro». El tema no aparece en la matriz de riesgos, o aparece diluido en «riesgo reputacional».
• Delegación: «lo ve compliance». El directorio recibe un reporte anual de cumplimiento normativo y da el tema por cubierto.
• Cumplimiento: la empresa cumple la norma con rigor, pero la norma corre detrás del fenómeno. Cumplir no es lo mismo que prevenir.
• Inteligencia: el directorio trata el crimen organizado como riesgo estratégico. Exige mapas de exposición por las cuatro puertas, indicadores propios, escenarios e inversión en capacidades de detección, con una mirada sistémica que conecta seguridad, talento, operaciones y reputación.

La pregunta para cada directorio no es si el tema le compete — la Operación Tokio y Carbono Oculto zanjaron esa discusión— sino en qué etapa está hoy y cuánto le tomará llegar a la cuarta. El sector financiero, probablemente el más avanzado de la región en prevención, acaba de descubrir en dos países distintos cuánto camino le queda. Esa es la mejor medida de cuán atrás están todos los demás.

Hay, además, una lección metodológica escondida en el origen de Tokio. La mayor red de lavado en la historia de Chile no cayó por un modelo de prevención ni por una auditoría: cayó por un teléfono perdido en una parcela de Lampa. Las organizaciones criminales son extraordinariamente disciplinadas en sus flujos y extraordinariamente descuidadas en sus bordes. Las señales débiles existen —en transacciones, en conductas, en proveedores que nadie revisa dos veces—; la diferencia entre detectarlas y leerlas en la prensa es, precisamente, la distancia entre la etapa de cumplimiento y la etapa de inteligencia.

Una agenda en tres niveles

Frente a un fenómeno sistémico, las respuestas puramente individuales son insuficientes. La agenda tiene tres niveles.

Dentro de la empresa: del compliance documental a la defensa activa.

Elevar el crimen organizado a la matriz de riesgos estratégicos del directorio, con dueño claro y reporte periódico, no anual. Construir el mapa de exposición por las cuatro puertas: personas críticas, contrapartes, territorios de operación e interfaces con instituciones públicas. Fortalecer la gestión del riesgo interno: verificación continua de antecedentes —no solo al contratar—, monitoreo de señales de cooptación, canales de denuncia protegidos y protocolos para empleados amenazados o extorsionados. Extender la debida diligencia a toda la cadena —proveedores, transportistas, distribuidores y socios comerciales—, con especial atención a logística, puertos y comercio exterior. E invertir en capacidades de detección con tecnología y analítica de datos: el mismo arsenal de inteligencia artificial que discutimos para productividad sirve para identificar patrones anómalos en transacciones, inventarios y conductas.

Acción colectiva: compartir información antes que compartir pérdidas.

Crear mecanismos sectoriales de intercambio de alertas e inteligencia entre empresas, con resguardos legales, al estilo de los consorcios antifraude de la banca internacional. Brasil acaba de mostrar el costo de no tenerlos: nueve meses después del mayor operativo de su historia, la segunda fase de la investigación encontró el mismo esquema funcionando a través de seis fintechs nuevas. Hoy cada empresa descubre sola lo que su competidor ya sufrió. A esto se suman estándares gremiales mínimos de integridad en cadenas logísticas y portuarias, donde la fragmentación de actores es la principal vulnerabilidad, y el financiamiento de investigación y datos públicos de calidad sobre economías ilícitas: no se puede gobernar lo que no se mide.

Frente al Estado y la sociedad: exigir y aportar.

Apoyar con voz pública el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia del Estado y la integración de sus datos, hoy compartimentados entre instituciones que no conversan entre sí. La asimetría es insostenible: las mafias operan en red —el Tren de Aragua movió dinero entre Chile, Perú y el resto del continente; el PCC (Primer Comando de la Capital) opera en buena parte de Sudamérica—, mientras los Estados operan en silos. Colaborar en la modernización de aduanas y puertos, la infraestructura crítica donde convergen los intereses del comercio legítimo y del ilícito. Y atacar la cantera del reclutamiento: en Ecuador, los homicidios de adolescentes crecieron 17 % en un solo año y el reclutamiento de menores por organizaciones criminales está documentado. Cada punto de desempleo juvenil es cantera de reclutamiento. La paradoja es brutal: mientras las empresas compiten por talento escaso, las mafias compiten — con éxito— por el talento que las empresas descartan. Los programas serios de empleo y formación juvenil en los territorios donde la empresa opera no son filantropía; son gestión de riesgo de largo plazo.

Para reflexionar en su directorio

1. ¿Aparece el crimen organizado en nuestra matriz de riesgos como categoría propia, con dueño, indicadores y reporte periódico? ¿O sigue diluido bajo «riesgo reputacional»?

2. Si la Operación Tokio o Carbono Oculto hubieran tocado a nuestra industria, ¿habríamos detectado las señales antes que la Fiscalía? ¿Qué evidencia tenemos para sostener la respuesta?

3. ¿Conocemos nuestro mapa de exposición por las cuatro puertas —personas, flujos, territorios, instituciones— o sólo el que exige la norma?

4. ¿Qué protocolos tenemos para un empleado que está siendo extorsionado o cooptado por una organización criminal? ¿Lo sabría el directorio?

5. ¿En cuál de las cuatro etapas —negación, delegación, cumplimiento, inteligencia— está honestamente nuestro directorio? ¿Y nuestra próxima sesión refleja esa respuesta?

6. ¿Qué estamos haciendo, individual y gremialmente, para fortalecer las instituciones de las que depende nuestra licencia para operar?

El socio silencioso ya está adentro: en la cadena de combustibles de Brasil, en la banca de Chile, en la estructura de costos de México, en los puertos de Ecuador. La verdadera prueba de un directorio no está en cómo gestiona los riesgos que ya conoce, sino en cuánto demora en reconocer los que prefiere no ver. El crimen organizado dejó de tocar la puerta hace tiempo, la pregunta es cuántos directorios siguen discutiendo si abrirla.

Acerca del autor

Alfredo Enrione, Ph.D., es director del Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad del ESE Business School y profesor de gobierno corporativo y estrategia. Su trabajo se concentra en los directorios, el liderazgo y el modo en que la disrupción tecnológica —hoy, sobre todo, la inteligencia artificial— está cambiando la forma de gobernar las empresas.

Ha asesorado a directorios de empresas familiares y multinacionales, además de organismos públicos y organizaciones sin fines de lucro, en América Latina y Estados Unidos. Es conferencista y un activo creador de contenido sobre gobierno corporativo, con una de las audiencias de mayor alcance en su área en LinkedIn.

Fuentes citadas

• Ministério Público de São Paulo (Gaeco), Receita Federal y Polícia Federal, Operação Carbono Oculto (agosto de 2025) y Operação Fluxo Oculto (mayo de 2026); cobertura de CNN Brasil y Transparência Internacional Brasil.
• Fiscalía Metropolitana Sur / PDI, antecedentes de la Operación Tokio (formalización del 7 de junio de 2026); cobertura de La Tercera, BioBioChile y 24 Horas, junio de 2026.
• Coparmex, encuesta #DataCoparmex y reportes de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia (2025–2026).
• Banco Interamericano de Desarrollo, «Los costos del crimen y la violencia: ampliación y actualización de las estimaciones para América Latina y el Caribe» (2024).
• ACLED, reporte sobre violencia del crimen organizado en Ecuador (diciembre de 2025); Instituto para la Economía y la Paz, Índice de Paz Global (2025); Human Rights Watch, Informe Mundial (2025).
• Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo, Universidad Andrés Bello (2025); Fiscalía Regional de Antofagasta (2025); Prosegur Research, Anuario de Seguridad de América Latina (2025), con estimación del BID sobre dotación de seguridad privada y policial.
• Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Global Organized Crime Index (2025); Centro de Estudios Internacionales UC, Índice de Riesgo Político América Latina 2026.

Acerca de el autor

Alfredo Enrione

Alfredo Enrione, Ph.D., es director del Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad del ESE Business School y profesor de gobierno corporativo y estrategia. Su trabajo se concentra en los directorios, el liderazgo y el modo en que la disrupción tecnológica —hoy, sobre todo, la inteligencia artificial— está cambiando la forma de gobernar las empresas. Ha asesorado a directorios de empresas familiares y multinacionales, además de organismos públicos y organizaciones sin fines de lucro, en América Latina y Estados Unidos. Es conferencista y un activo creador de contenido sobre gobierno corporativo, con una de las audiencias de mayor alcance en su área en LinkedIn.

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